Chihuahua, Chih.- Las y los legisladores del Partido Acción Nacional, Daniela Álvarez, Marisela Terrazas y Gabriel García Cantú, con el respaldo de las dirigencias estatal y municipal de Ciudad Juárez, presentaron una denuncia penal por el delito de enriquecimiento ilícito, en contra del alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar.
La querella fue recibida por el titular de la Fiscalía Anticorrupción, Abelardo Valenzuela, en la que se documentaron irregularidades bajo las cuales el alcalde de MORENA, se hizo de una mansión con valor de 26 millones de pesos, misma donde actualmente habita.
En el contenido de la denuncia, se asienta que los ingresos del alcalde imposibilitan adquirir una propiedad con esa plusvalía o bien sostener el pago de una renta dado que el costo duplica su ingreso mensual como alcalde.
Además, se incluye en la solicitud de investigación ministerial, a quien aparece como vendedor de dicha propiedad en una zona residencial, identificado como Daniel Pando Morales, quien es asesor del presidente municipal morenista.
La dirigencia estatal, junto con las diputadas Daniela Álvarez y Marisela Terrazas, y el diputado Gabriel García Cantú, así como Xóchil Contreras, dirigente del Comité Directivo Municipal en Juárez, coincidieron en que debe investigarse y sancionarse de manera urgente la corrupción evidente del alcalde.
Por eso, adicionalmente, se presentaron denuncias administrativas en contra de Pérez Cuéllar, en la Auditoría Superior del Estado, la Secretaría de la Función Pública y la Contraloría del Municipio de Juárez.
La diputada Marisela Terrazas señaló que con base a la declaración patrimonial presentada por el alcalde de Juárez, informó poseer una casa y un departamento, menores a los 2 millones de pesos, pero ninguna deuda o pasivo que indique la adquisición de la mansión que habita.
La demanda está muy bien sustentada en el pago de las cuentas de Daniel Pando, aunque el alcalde dice que se trata de una renta, aseveró Terrazas.
Para finalizar, el presidente Gabo Diaz, manifestó su interés en que exista una respuesta apegada al marco legal, por parte de la Fiscalía Anticorrupción, a la citada denuncia.
